Test: Buen Gobierno y Consejo de Transparencia (arts. 24-34)
Test de buen gobierno, régimen sancionador, reclamación y Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Ley 19/2013). Preguntas reales con fuente citada.
⚖️ Fuente: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887) · 25 preguntas
Pregunta 1 de 25
Según el art. 26 de la Ley 19/2013, los principios de buen gobierno se dividen en:
Explicación: El art. 26 establece que las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus funciones los principios de buen gobierno, distinguiendo entre principios generales (apartado 1) y principios de actuación (apartado 2).
El art. 26.1 de la Ley 19/2013 incluye entre los principios generales de buen gobierno actuar con:
Explicación: El art. 26.1 exige que actúen con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general, entre otros principios generales.
Conforme al art. 25.1 de la Ley 19/2013, el título de Buen Gobierno se aplica a:
Explicación: El art. 25.1 dispone que las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno y a los altos cargos o asimilados que ejerzan funciones en la AGE, las CCAA, las ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales.
El art. 28 de la Ley 19/2013 tipifica como infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria, entre otras:
Explicación: El art. 28 considera infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria, entre otras, el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en la normativa presupuestaria que sea de aplicación, así como el compromiso de gastos o reconocimiento de obligaciones sin crédito suficiente.
Según el art. 30.2 de la Ley 19/2013, la comisión de infracciones muy graves de buen gobierno podrá conllevar, además de la destitución:
Explicación: El art. 30 prevé que los infractores podrán ser destituidos del cargo, salvo que ya hubieran cesado, y que las infracciones muy graves comportan, además, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades percibidas indebidamente y la obligación de indemnizar; el art. 30.2 añade la inhabilitación para ocupar altos cargos durante un periodo de entre cinco y diez años.
El art. 27 de la Ley 19/2013 regula las infracciones en materia de:
Explicación: El art. 27 tipifica las infracciones en materia de conflicto de intereses, remitiéndose al régimen sancionador previsto en la normativa reguladora del ejercicio del alto cargo y de los conflictos de intereses de la Administración correspondiente.
Según el art. 33 de la Ley 19/2013, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como:
Explicación: El art. 33 crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.
El art. 34 de la Ley 19/2013 establece que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad:
Explicación: El art. 34 dispone que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
Conforme al art. 24.1 de la Ley 19/2013, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse:
Explicación: El art. 24.1 establece que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
Según el art. 24.2 de la Ley 19/2013, la reclamación ante el Consejo de Transparencia se interpondrá en el plazo de:
Explicación: El art. 24.2 fija que la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
El art. 24.4 de la Ley 19/2013 dispone que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de la reclamación será de:
Explicación: El art. 24.4 establece que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada (silencio negativo).
Según el art. 29 de la Ley 19/2013, las infracciones disciplinarias se sancionarán conforme a lo previsto en:
Explicación: El art. 29 dispone que constituyen infracciones disciplinarias el incumplimiento de las normas de buen gobierno, que se sancionarán de acuerdo con la normativa en materia disciplinaria que en cada caso resulte de aplicación, sin perjuicio de otras responsabilidades.
Según el art. 24.6 de la Ley 19/2013, la competencia para conocer de las reclamaciones en materia de acceso corresponderá:
Explicación: El art. 24.6 dispone que la competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley.
El art. 24.5 de la Ley 19/2013 establece que las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
Explicación: El art. 24.5 dispone que las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez notificadas a los interesados.
Conforme al art. 25.2 de la Ley 19/2013, a los efectos del título de Buen Gobierno se considerarán altos cargos:
Explicación: El art. 25.2 dispone que, a estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses.
El art. 26.1 de la Ley 19/2013 dispone, como principio general de buen gobierno, que los altos cargos:
Explicación: El art. 26.1 establece que las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del título ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios (de eficacia, economía, eficiencia y objetividad al servicio del interés general).
Entre los principios de actuación del art. 26.2 de la Ley 19/2013 figura el de:
Explicación: El art. 26.2 incluye entre los principios de actuación el de guardar la debida reserva respecto de los hechos o informaciones de los que tengan conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus competencias.
El art. 26.2 de la Ley 19/2013 establece que los altos cargos pondrán en conocimiento de los órganos competentes:
Explicación: El art. 26.2 dispone que pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
Según los principios de actuación del art. 26.2 de la Ley 19/2013, respecto de los regalos los altos cargos:
Explicación: El art. 26.2 establece que no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.
El art. 26.2 de la Ley 19/2013 exige que, en el desempeño de su actividad, los altos cargos administren los recursos y bienes públicos:
Explicación: El art. 26.2 dispone que administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas, debiendo velar por su conservación y uso racional.
El art. 26.2 de la Ley 19/2013 dispone que los altos cargos ejercerán sus competencias:
Explicación: El art. 26.2 establece que ejercerán sus competencias de acuerdo con la finalidad para la que les fueron atribuidas y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.
El art. 28 de la Ley 19/2013 considera infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria, entre otras:
Explicación: El art. 28 tipifica como infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria, entre otras, la realización de compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria que sea aplicable.
Según el art. 30.1 de la Ley 19/2013, los responsables de las infracciones de buen gobierno podrán ser sancionados, entre otras medidas, con:
Explicación: El art. 30.1 dispone que los responsables de las infracciones podrán ser sancionados con la destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos.
Conforme al art. 31 de la Ley 19/2013, el procedimiento sancionador en materia de buen gobierno se iniciará:
Explicación: El art. 31 regula el órgano competente y el procedimiento, que se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, designándose la autoridad u órgano que ha de ordenar la incoación según el cargo del presunto responsable.
Según el art. 33.1 de la Ley 19/2013, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está adscrito:
Explicación: El art. 33.1 crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
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