Test: Ley 39/2015 — Actividad de las AAPP: términos y plazos

Explicación: El art. 21.1 obliga a la Administración a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Explicación: El art. 21.3 establece que, cuando las normas reguladoras no fijen plazo, el máximo para notificar la resolución será de tres meses.

Explicación: El art. 25.1.b dispone que en los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse un efecto desfavorable o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa produce la caducidad.

Explicación: El art. 29 establece que los términos y plazos obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados.

Explicación: El art. 30.2 dispone que, salvo que por ley o Derecho de la UE se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días se entienden hábiles, excluyéndose sábados, domingos y festivos.

Explicación: El art. 30.4 establece que los plazos expresados en meses o años se computan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación, y de fecha a fecha.

Explicación: El art. 30.5 dispone que cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente.

Explicación: El art. 31.2 establece que el registro electrónico de cada Administración u organismo permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.

Explicación: El art. 32.1 permite a la Administración conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de tercero.

Explicación: El art. 32.3 dispone que tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse antes del vencimiento del plazo, y que contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación no cabrá recurso alguno.

Explicación: El art. 33.1 establece que la aplicación de la tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Explicación: El art. 33.2 dispone que no cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Fuente: Art. 13 Ley 39/2015. Quienes de conformidad con el art. 3 tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas son titulares, entre otros, del derecho a comunicarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

Fuente: Art. 14.1 Ley 39/2015. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos.

Fuente: Art. 14.2 Ley 39/2015. Estarán obligados a relacionarse electrónicamente: las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria; quienes representen a un interesado obligado; y los empleados de las AAPP en los trámites que realicen por razón de su condición.

Fuente: Art. 15.1 Ley 39/2015. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante, los interesados que se dirijan a los órganos de la AGE con sede en una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

Fuente: Art. 16.1 Ley 39/2015. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculada o dependiente.

Fuente: Art. 21.2 Ley 39/2015. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Fuente: Art. 22.1 Ley 39/2015. El transcurso del plazo máximo legal para resolver y notificar podrá suspenderse cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento, o el transcurso del plazo concedido.

Fuente: Art. 24.1 Ley 39/2015. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo las excepciones previstas (norma con rango de ley o Derecho UE por razones imperiosas de interés general, derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, actividades que dañen el medio ambiente, procedimientos de responsabilidad patrimonial e impugnación de actos).

Fuente: Art. 25.1.a) Ley 39/2015. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá, en los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos, que los interesados que hubieren comparecido puedan entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Fuente: Art. 28.3 Ley 39/2015. Las Administraciones no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos.

Fuente: Art. 30.1 Ley 39/2015. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Fuente: Art. 26.1 Ley 39/2015. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

Fuente: Art. 23.1 Ley 39/2015. Excepcionalmente, cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.